Aida Espinosa
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que, contra el auditor Superior de Michoacán (ASM), pesan quejas y acusaciones por presunta extorsión, cometida contra presidentes municipales.
Esto, dijo, podría derivar en denuncias penales, si es que las investigaciones que se han iniciado en contra de Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, arrojan su culpabilidad.
“Entonces algunos de los actos que se están investigando y se han puesto sobre la mesa, pueden en un momento dado, tipificarse como no nada más una falta administrativa, sino también una causa penal”, señaló.
En entrevista, Ramírez Bedolla refirió que, por esta razón, el Congreso local deberá ser cuidadoso en la determinación que tomará este jueves, sobre el futuro del titular de la ASM.
“El Congreso es el poder encargado de tomar cartas en el asunto. Esperemos primero, no nos adelantemos, y posteriormente el Congreso emitirá una convocatoria, y ésta está a cargo 100 por ciento del Congreso”, comentó.
