AFERRAMIENTO DE BARRALES A LA PRESIDENCIA, COLOCA AL PRD EN LA ILEGALIDAD

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    Denunciamos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió de forma indebida el recurso promovido ante ellos para combatir la violación del Estatuto por parte de Alejandra Barrales.

    Con ello prevalece el quebrantamiento general de la legalidad interna.

    Como se sabe el 27 de marzo ante la Comisión Nacional Jurisdiccional y el 19 de abril, ante la omisión del órgano interno, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación interpusimos los C.C. Carlos Sotelo García, Margarita Guillaumin Romero y Rey Morales Sánchez, escrito en el que se denuncia la flagrante y pública violación a la normatividad interna del Partido por parte de la C. Alejandra Barrales al asumir su cargo como Senadora de la República y pretender continuar ejerciendo el cargo de Presidenta Nacional, lo que es contrario al artículo 111 del Estatuto del PRD.

    Como respuesta un día después de haber interpuesto el escrito ante el Trife el órgano interno abrió un expediente contra la actuación de Alejandra Barrales en un intento, de dilatar y anular resolver de fondo nuestro escrito.

    Siendo la C. Alejandra Barrales Magdaleno, quien debería ser primera en respetar los Estatutos del Partido, no lo es y si la que promueve hacer del PRD un territorio sin ley, como en mítico viejo oeste; lo anterior por permanecer ilegalmente en la Presidencia ahora con la “ayuda” de los integrantes del Trife.

    El artículo 111 del Estatuto del PRD que a la letra dice: “no podrán ocupar la Presidencia, ni ser parte del Comité Ejecutivo Nacional, aquellas personas que tengan un cargo de elección popular salvo que soliciten la licencia respectiva”… La violación a la normatividad interna del Partido es clara.

    Lamentable la Sala Superior del Trife, se negó a conocer el fondo de nuestro escrito y regreso el caso a las instancias internas del PRD.

    Anunciamos que interpondremos nuevo recurso ante la propia Sala Superior, y quizá denuncia ante el Consejo de la Judicatura, pues ellos realizaron evidentemente una mala interpretación de nuestro escrito al negarnos un derecho fundamental, universal, como lo es el acceso expedito a la justicia.

    No es nuestro escrito una queja contra el órgano o persona específica, sino algo mayor y sustantivo como lo es la preservación de la legalidad general de un partido político. Por ello debe modificarse tal respuesta del Trife para ser resuelto a la brevedad.