Aida Espinosa
La titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, calificó de omisas a las ex administraciones estatales, por no haber sancionado o iniciado procedimientos administrativos, contra quienes cometieron delitos administrativos en Michoacán.
De ahí, dijo, se partió para presentar denuncias penales por malas decisiones en el manejo de recursos públicos y fincar inhabilitaciones o solicitar el resarcimiento del erario.
“Lo damos de manera paralela, iniciar el procedimiento administrativo para fincar una inhabilitación o bien solicitar el resarcimiento, porque ha habido demasiado daño al erario público y nunca nadie había dado vista para solicitarle a los ex servidores públicos que resarcieran ese daño. Y por otro lado, la configuración de un delito que sólo podemos aportar los elementos y que se siga en los causes y niveles necesarios”, comentó.
Por tal motivo, indicó que Michoacán es el segundo estado con mayor cantidad de observaciones e irregularidades, que data desde el periodo 2012 – 2015, con un importe de más de 25 mil millones de pesos que ‘se dejaron de atender’.
Indicó que se trató de irresponsabilidad de ex servidores públicos, por dejar prescribir los procedimientos donde se vieron involucrados desde jefes de departamento hasta titulares de las dependencias, sin descartar a los gobernadores que estuvieron al frente del Ejecutivo Estatal en dicho periodo.
“Y eso habla de lo difícil y complicado que se encontraba las finanzas del estado. y todo eso, desgraciadamente, la nueva administración tiene que hacerle frente porque es institucional el tema…Nosotros tenemos una lista importante del 2015 al 2017 de más de 300 inhabilitaciones que lamentablemente se han estado procesando a nivel de Tribunal de Justicia Fiscal, donde ha habido irresponsabilidad de ex servidores públicos porque no dieron en tiempo y forma la vista, y esta Contraloría se verá mermada en el sentido de que algunos procesos ya estén prescritos, pero nuestra obligación es dar vista”, agregó.
