· El diputado priísta presentó iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado
Morelia, Michoacán., a 25 de octubre de 2017.- El congreso del Estado determinará si es admisible o no una iniciativa ciudadana en un plazo no mayor a 10 días posteriores a la presentación de la misma, de acuerdo con la iniciativa que este miércoles presentó ante el pleno del Congreso el diputado Roberto Carlos López García.
La propuesta, que reforma diversos artículos de Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, pretende garantizar el ejercicio del derecho constitucional que tienen los ciudadanos para presentar iniciativas y de esta forma preservar la fórmula democrática que permite a los ciudadanos trabajar de la mano con los diputados, en la búsqueda permanente del bien público.
El diputado priísta agregó que con la iniciativa también se refrenda y fortalece las bases del quehacer legislativo en el Congreso del Estado para garantizar la participación ciudadana, lo que se traducirá en una mayor y eficaz vinculación con los ciudadanos y una mayor transparencia respecto al trabajo que realizan los diputados. Además, permitirá que los ciudadanos conozcan más y mejor el trabajo de sus diputados y que se sientan estimulados a participar con propuestas que enriquezcan el trabajo legislativo.
“Con esta iniciativa también se impulsa una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del Congreso del Estado; se mejora la relación entre los diputados y sus representados; se fortalece el sistema democrático; se dará mayor eficacia a los derechos políticos y humanos; y se legitimará los acuerdos tomados, lo que contribuirá a recuperar la confianza de los ciudadanos y, sobre todo, a que aprendamos a trabajar conjuntamente en beneficio de los michoacanos”, sentenció.
En tal sentido, López García recordó que en la actualidad se considera que deben cumplirse cuatro condiciones básicas para que la participación ciudadana realmente exista en un régimen democrático: el respeto a los derechos humanos; los canales institucionales y los marcos jurídicos; la información; y la confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas.
