Aida Espinosa
Los cuarteles de la extinta Policía Michoacán, tuvieron un sobreprecio de hasta 5 veces su valor real.
Así lo señaló la titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (SECOEM), Azucena Marín Correa, quien detalló que, por arrendamiento, acondicionamiento y mantenimiento de los espacios, se erogaron más de 5 mil millones de pesos, detectando 3 mil millones de procedencia irregular. La construcción de los cuarteles, dijo, fue adjudicación directa, en los años de 2016 y 2017.
Por todo lo anterior, Marín Correa mencionó que se iniciaron las auditorías correspondientes en el año 2021, con hallazgos de espacios blindados y lujosos, por lo que en 2022 se presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
En tanto, detalló que el proceso de judicialización, en junio de 2023, acumuló las carpetas de las investigaciones que se realizaban por separado con diversas auditorías. También en 2023 se presentó, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un reporte por daño de mil 052 millones de pesos, mientras que en 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), envió vista de los resultados de las investigaciones que habían realizado.
La titular de SECOEM refirió que fueron presentados 31 servidores públicos de la Secretarías de Contraloría y de Seguridad Pública, en calidad de testigos, y en febrero de 2024, se logró el aseguramiento precautorio de los cuarteles de Lázaro Cárdenas. Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.
Por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, se dictaron órdenes de aprehensión en contra de varios servidores públicos, entre ellos Carlos N, Antonio N, ambos ex titulares de Finanzas y Seguridad Pública, respectivamente, así como dos ex delegados administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública.
A la par, se giró orden de aprehensión en contra del ex gobernador Silvano N, quien se encuentra prófugo.
“La auditoría que iniciamos en noviembre del 2021, deriva en la presentación de una denuncia penal en 2022, y el trabajo continuo y permanente que hemos realizado a través de la Contraloría, y en colaboración con varias dependencias de nuestra administración, han permitido conocer la corrupción que se venía desarrollando en la administración pasada”, concluyó.
