Para asegurar por mandato de nuestra Constitución Local el derecho al agua de las y los michoacanos, en comisiones unidad de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos se dictaminó la iniciativa de decreto por la que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 2°, de la Constitución Política del Estado presentada por la diputada Belinda Iturbide Díaz, a través de la que se establece garantizar que todas y todos los ciudadanos cuenten con el vital líquido.
La diputada local por el Distrito de Puruándiro, celebró y reconoció el trabajo de los diputados para dictaminar la propuesta, con lo que se refrenda que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, y el reconocer este derecho en la Constitución del Estado, representa un gran avance.
La diputada local recordó que desde el 2012 México forma parte de los países que incluyen dentro de su Constitución el derecho humano al agua. De este modo tanto el acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible están incluidos en este derecho.
En el dictamen se incluye el derecho al agua, en armonía con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que todas las personas cuenten con este beneficio y para obtener una mejor calidad de vida.
Belinda Iturbide, explicó que en nuestro país el derecho humano se encuentra reconocido, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º párrafo quinto, sin embargo, es necesario que en la Constitución Política del Estado, se establezca que el agua es un derecho humano en la Constitución local, lo que significaría que cualquier persona cuente con este beneficio, para obtener una mejor calidad de vida.
Este reconocimiento fortalece el derecho constitucional local, poniendo a Michoacán como una entidad federativa garantista, incluyente y que fortalece el reconocimiento en su catálogo de derechos de algo tan básico para la vida como lo es el agua.
En Michoacán la escasez de agua para consumo humano es una de las problemáticas que viven las comunidades rurales, donde tienen que recorrer grandes distancias para obtener una poca de agua para su familia, para poder sobrevivir. Aunado el problema de que no se cuenta con un adecuado servicio de alcantarillado, trayendo como consecuencia un constante peligro de salubridad, lo cual provoca que se desarrollen enfermedades e infecciones en los habitantes de esas comunidades alejadas que no cuentan con dichos servicios.
Por lo anterior, es significativo que en Michoacán se eleva a rango constitucional el derecho humano al agua y el alcantarillado, y que la autoridad Estatal y Municipal, garanticen este derecho fundamental para que las personas puedan gozar de este vital líquido, con lo que las autoridades, deberán invertir en un alcantarillado con una mejor tecnología de potabilización del agua y mejoras en los drenajes, lo cual se traduce en una mejor calidad de vida para todos y cada uno de los michoacanos.
En el dictamen elaborado en las comisiones sobre la propuesta que presentó, se establece “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.