Aida Espinosa
Luego de que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán solicitara al gobierno entrante la entrega de recursos de forma directa a las comunidades originarias, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI), señaló que esto podría traer un retroceso en el desarrollo de los pueblos.
En entrevista, Patricia Torres Sandoval, subdirectora Jurídica de la CEDPI, indicó que si bien es un derecho de las comunidades, el entregar recursos de forma directa a los Concejos comunales, podría impedirles el acceder a otro tipo de recursos, como los de infraestructura y desarrollo, dado que se contempla como figura para la gestión, al Ayuntamiento o al gobierno del estado.
“Es decir que tienen que buscar un recurso extraordinario, además del que le llega de manera directa. Es un ejercicio, una exigencia sentida, en el sentido de que existe un racismo estructural, y de esa imposibilidad de ejercer esa autonomía financiera porque la estructura, dentro del sistema político mexicano, establece tres espacios: la federación, el estado y el municipio”, expresó.
Por ello, indicó que el reto será hacer valer sus derechos en sus formas de gobierno, pues el sistema de organización les permite poder administrar los recursos y destinarlos a proyectos que consideren de relevancia.
“Ese es uno de los retos que tienen las comunidades, porque la dinámica del ejercicio del presupuesto directo es distinta a como se realiza en el municipio. Hace falta incorporar una perspectiva cultural, es decir, mantener una postura de manera tal que permita esta discrecionalidad a partir de que son una comunidad indígena, y la forma en la que se toman decisiones son en ocasiones distintas”, agregó.
La funcionaria estatal señaló que, a la fecha, son 15 comunidades purépechas las que han solicitado la adjudicación directa de recursos, además de que otras de la etnia Otomí también buscan el mismo esquema de asignación de presupuesto, avalados por la Ley Orgánica Municipal.
