Aida Espinosa
El presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Marco Antonio Flores Negrete, mencionó que en 2016, recibió un presupuesto por parte del Congreso del Estado, superior a los mil 230 millones de pesos, de los cuales mil 150 millones fueron empleados en el Presupuesto de Operación del Poder Judicial.
Durante su primer informe de labores, el magistrado presidente refirió que 9 millones de pesos se derivan de la ampliación autorizada por la Secretaría de Finanzas y Administración.
De dicho presupuesto, también detalló que más de 12 millones de pesos fueron ejecutados por la Secretaría Ejecutiva del Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como 5 millones 890 mil pesos provenían del Convenio del Subsidio Federal par la Implementación de la Reforma Penal.
“En dicha perspectiva, no existen las condiciones económicas óptimas para cumplir todos los proyectos planteados originalmente. En este contexto, debe mencionarse que las condiciones económicas del Estado, exigen al Poder Judicial una aplicación de los recursos públicos de manera racional, transparente, eficaz y eficiente, que dé resultados tangibles, haciendo más con menos”, comentó.
En este sentido, resaltó la aplicación de un Programa de Austeridad, donde se redujo el Gasto Operativo del Poder, además de la reorientación de recursos públicos, esto, dijo, ‘sin desatender la función sustantiva de impartir justicia’.
Mencionó también el incremento del 3.5 por ciento al salario, así como 1.5 por ciento a prestaciones, aumentos para fortalecer la política de optimización del gasto corriente.
“Se limitó, al mínimo indispensable, la creación de plazas así como la contratación de personal y de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios; adicionalmente, se redujeron considerablemente las estructuras de mandos medios y superiores”, agregó.
Otro de los rubros para optimizar el gasto, fue la negativa a renovar el parque vehicular, por lo que se buscó dar un mayor rendimiento al que se encuentra actualmente en el registro del Poder Judicial.
Asimismo, informó que por concepto de pago de viáticos y combustible, se ajustó el desempeño de comisiones y servicios oficiales indispensables para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales del poder.
En su informe, Flores Negrete solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, la desaparición del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pues consideró que éste había cumplido con los objetivos para lo que fue creado.
“De concretarse su desaparición, se lograrían ahorros sustanciales, en tanto que su gasto corriente anual supera los 12 millones de pesos, reforzándose, de esta forma, las medidas que favorecen el buen uso de los caudales públicos otorgados al Poder Judicial”, manifestó.