- Con talleres y seminarios se actualiza el conocimiento sobre temas de interés y se contribuye a un mejor desempeño en las responsabilidades laborales
Morelia, Michoacán, 21 de septiembre de 2018. Con los programas académicos desarrollados por el Poder Judicial de Michoacán, a través del Instituto de la Judicatura del, tanto el personal de la institución como el público externo actualizan el conocimiento sobre temas de interés, con lo que se contribuye a un mejor desempeño en las responsabilidades laborales.
En este contexto, se realizó el Taller Conocimiento y uso de la información estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para fomentar una cultura jurídico-social entre jueces y juezas de primera instancia y de cuantía menor sobre la consulta de datos estadísticos, sus implicaciones y las consecuencias en la vida de los justiciables.
Se dio una explicación de las herramientas que ayudan a una mejor búsqueda, consulta y uso más eficiente de la información del sitio web del INEGI. Lo anterior, debido a la necesidad de que quienes imparten justicia colaboren de forma activa en el conocimiento y manejo de datos estadísticos y geográficos con los diferentes niveles de desagregación para efectos de apoyar los asuntos de su competencia.
Por otra parte, concluyó el Taller de mediación y conciliación para integrantes del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), en donde se revisaron aspectos relacionados al desarrollo de mecanismos alternativos de solución de controversias y que cobra relevancia para dicha institución que realiza este tipo de procesos como parte de sus funciones.
Además, este viernes inicia el Seminario-taller: Derechos humanos y derechos de las víctimas en el que participarán titulares de órganos jurisdiccionales de primera instancia y menores, así como secretarios de acuerdos y proyectistas, como parte de las actividades de actualización permanente.
Es importante señalar que los jueces tienen la facultad de vigilar y aplicar medidas para asegurar el respeto a estos derechos en igualdad de circunstancias para las partes procesales, así como procurar que el delito no quede impune, se brinde una adecuada atención a las víctimas y, con ello, garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño.
