Este viernes, en el auditorio de la Facultad de Filosofía.
La coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Stephanie Erin Brewer, dictará una conferencia magistral dentro de la línea de género y equidad que se trabaja en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Con el tema “Defensa de los derechos humanos de las mujeres: el caso de Atenco”, la investigadora analizará uno de los hechos más violentos de la historia contemporánea de México desde la perspectiva de género en el auditorio María Zambrano de la Facultad, a las 13:00 horas, con entrada libre.
El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” ha dado seguimiento a éste y otros casos de omisiones y abusos en contra de los derechos humanos de diferentes grupos sociales, con investigaciones reconocidas a nivel internacional.
Sobre el caso de Atenco, cabe recordar que a partir de un conflicto del municipio de Texcoco contra un grupo de floristas, los días 3 y 4 de mayo de 2006, aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, contra activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que apoyó a los floristas.
Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza murieron dos jóvenes y además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre éstos hubo 47 mujeres, que en su mayoría sufrieron tortura sexual, golpes y amenazas de dañar a sus familia por parte de los policías en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión.
Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), pese a ello, a una década de los hechos apenas hay 36 funcionarios públicos estatales bajo investigación, no hay ninguna sentencia condenatoria firme y ningún funcionario federal o de alto nivel ha sido llamado a rendir cuentas, a pesar de las investigaciones de la SCJN, de las recomendaciones de la CNDH y de organismos internacionales, como la CIDH y el Comité para la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
