Aida Espinosa
El despido de más de un centenar de trabajadores del Ayuntamiento de Uruapan, entre ellos elementos de la Policía Municipal, ha generado cuestionamientos sobre la justificación y las consecuencias de la medida.
De acuerdo con el análisis del abogado laboralista Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente del Capítulo Michoacán de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, los sueldos y salarios del personal debieron estar contemplados en el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2026.En ese sentido, si el argumento oficial es la falta de recursos, surge la interrogante de qué ocurrió con los fondos presupuestados, en qué rubros fueron ejercidos y por qué ya no existe disponibilidad para cubrir la nómina.Un segundo punto es el relativo a los exámenes de control y confianza (C3) aplicados a policías municipales.
El especialista señala que, de ser esa la causa de las bajas, existe sustento legal para impedir que permanezcan en funciones de seguridad quienes no aprueban dichas evaluaciones.
No obstante, plantea que también debe aclararse si la administración municipal contempló una estrategia para la sustitución inmediata de los elementos dados de baja, a fin de no afectar la operatividad en materia de seguridad.
El caso, advierte, podría derivar no solo en conflictos laborales, sino también en repercusiones financieras y operativas para el municipio, tanto para la actual administración como para la siguiente.
