Tere Vallejo
La diputada local de Morena, Emma Rivera Camacho, consideró que cualquier sanción derivada de presuntos actos de apología del delito debe aplicarse directamente a quienes hayan participado en ellos y no al Congreso del Estado como ente público.
La legisladora explicó que, ante hechos ocurridos dentro del Poder Legislativo, es importante distinguir entre las acciones realizadas por una persona en lo individual y aquellas efectuadas en representación de una institución.
En ese sentido, señaló que determinadas conductas no forman parte de las atribuciones ni de la representación oficial de la Presidencia de la Mesa Directiva, por lo que las posibles responsabilidades administrativas tendrían que recaer exclusivamente en quienes intervinieron de manera directa.
“Debe existir una diferencia entre actuar como representante institucional y hacerlo de forma personal. Las sanciones administrativas, en su caso, corresponderían a la persona involucrada y no al Congreso”, expresó.
Rivera Camacho recordó que recientemente el Congreso de Michoacán aprobó modificaciones al Código Penal para sancionar la apología del delito, aunque precisó que la aplicación de estas disposiciones corresponde a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.
Asimismo, indicó que la Fiscalía General del Estado será la instancia responsable de investigar cualquier conducta que pudiera encuadrar en este delito y determinar si existen elementos para iniciar los procedimientos correspondientes.
La diputada también aclaró que las medidas administrativas y las sanciones penales son mecanismos distintos, por lo que pueden desarrollarse de manera simultánea sin que uno sustituya al otro.
Detalló que las acciones administrativas pueden incluir multas, suspensión de actividades o clausura de espacios donde se promuevan expresiones relacionadas con la apología del delito, mientras que las consecuencias penales dependerán de una investigación formal y de la resolución de las autoridades competentes.
Finalmente, subrayó que las reformas aprobadas buscan fortalecer el marco jurídico para evitar la normalización de conductas delictivas, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso y a las facultades de cada institución.
